• 7 marzo, 2016
  • Uso de agroquímicos en Argentina: tendencias y legislación

    por Luciana Cristóbal

El mercado de fitosanitarios en Argentina ha mostrado una evolución creciente y sostenida a lo largo del tiempo. En el año 1991 se utilizaban cerca de 100 millones de litros/kg/unidad de productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas, funguicidas), mientras que en el año 2012 se aplicaron cerca de 317 millones de litros. La producción de soja acaparó casi el 62% del total de los productos aplicados. El glifosato es el agroquímico más utilizado, concentra el 64% del total de las ventas  y  representa el 76% del total de productos químicos utilizados para el cultivo de soja. Durante la última década además del incremento en la superficie tratada con glifosato, también hubo un incremento en el principio activo que se usa en su elaboración,  que pasó de una concentración del 48% a una de entre 66 y74%.

La problemática relacionada con el uso de los plaguicidas es compleja y dinámica e incluye varios actores con distintos intereses y posturas. En el año 2009, dada la creciente preocupación por la extensión en la aplicación de glifosato, y en particular por las denuncias sobre intoxicaciones en Ituzaingó, Prov. de Córboba, se creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos (CNIA). Uno de los puntos más débiles de la legislación son los mecanismos de control, ya que en muchos casos los problemas se producen por el uso de sustancias autorizadas, pero de maneras no previstas por las regulaciones. Muchos distribuidores de semillas y empresas del agronegocio promueven la adopción del modelo semillas transgénicas + glifosato afirmando que tiene como resultado una disminución en el uso de agroquímicos. Sin embargo, esta no parece no parece ser la situación en los últimos años en Argentina en donde aumentó el consumo de agroquímicos por hectárea o tonelada producida. Las empresas deberían generar no sólo productos de menor impacto sino ponerlos al alcance de los agricultores, con el compromiso de asegurar un correcto uso, que incluya programas de capacitación y monitoreo. La regulación debería ser lo suficientemente rígida para proteger la salud de las personas y el medioambiente; y a su vez, lo suficientemente flexible para que no afecte negativamente el volumen de la producción agrícola y el nivel de actividad económica.

 

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Fig. 19. Porcentaje de uso de agroquímicos por cultivo. Fuente: CASAFE


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